El gran escándalo de las famosas chuzadas del DAS parece no tener final. Y realmente tampoco tiene un principio muy claro. El principio es un anónimo informante  de Semana. Hasta ahora falta lo que se llama el “cuerpo del delito”, es decir, una grabación. Dicen que existen, pero los medios, tan acuciosos para revelarlas, no han mostrado nada.

Pero lo más sorprendente es la presunción implícita, que vemos en todos los medios, de que es terrible, inapropiado o ilegal investigar a ciertos personajes de la vida nacional. En otros casos no se escandalizan. No lo hicieron cuando los “chuzados” fueron el presidente Uribe o el Dr. Fernando Londoño.

Claro está que no cualquiera puede ordenar una grabación. ¿Pero hay alguien a quien no se pueda investigar? Si es aceptado investigar y grabar a los miembros del congreso, para mencionar un ejemplo, ¿Por qué no a un político de la oposición o a un magistrado si estos, quienes no son seres divinos, también pueden delinquir? En el caso de los magistrados de la Corte Suprema, se sabe de la amistad de algunos de ellos con Giorgio Sale y con Ascensio Reyes, oscuros personajes si alguna vez los hubo. Giorgio Sale tenía negocios con Salvatore Mancuso y Ascensio Reyes era socio de un mafioso extraditado. ¿Eso lo sabían los magistrados amigos del mafioso italiano y de Reyes? ¿Está acaso mal investigar que tan profundas eran esas amistades? No se sabe quién ordenó la grabaciones, o con que propósito, y estas además no existen como prueba. Pero es ahí donde está el pecado, en la ausencia de una autorización legal, y no en el hecho mismo de investigar a unos políticos o magistrados. La ley ordena que para llegar a una interceptación telefónica debe haber una orden judicial. Pero no es menos cierto que para solicitarla debe haber algún fundamento y este es usualmente el producto de un trabajo inicial o de una denuncia.

No creemos que los magistrados deban estar por encima de la ley y que no puedan ser investigados. Y hay mucho que investigar. ¿Recibieron prebendas de sus amigos Sale o Reyes? ¿Donde y como encuentra sus misteriosos testigos, casi todos criminales, el magistrado auxiliar Iván Darío Velásquez? ¿De donde sale el dinero para remunerar esos testimonios?  El problema consiste en que la competencia constitucional para investigar a los magistrados de la Corte Suprema es del congreso, y los miembros de este, además de estar sujetos a ser investigados y juzgados por esa misma Corte, no tienen los medios para investigar. Imaginemos que la Comisión de Acusaciones decide investigar los vínculos de algunos magistrados con Georgio Sale o Reyes. ¿A quien le pide el apoyo y quién autoriza las investigaciones de campo? ¿Cuánto se demorará el magistrado Velásquez en encontrar un Pitirri que acuse al atrevido congresista que solicite apoyo al DAS para investigar a los magistrados? En la cárcel el congresista, no habrá investigación de magistrados.  Así las cosas, los magistrados de la Corte, en la práctica, están por encima de la ley. Quisiéramos no tener dudas sobre las altas cortes. En otras épocas esas dudas no existían. Pero hoy los hechos obligan a dudar.

Sólo queda entonces el juicio de la opinión pública, mal informada por revistas como Semana, que tienen en el poder judicial una fuente dorada de las filtraciones ilegales que nutren su talante amarillista.

El otro gran centro del poder es la Fiscalía General. En el programa colega, La Hora de la Verdad, hemos escuchado testimonios muy graves sobre la compra de testigos por parte de fiscales para enredar oficiales del Ejército. Sabemos de muchos más casos. Todo esto produce escalofríos.

La piedra angular de cualquier país serio, democrático y libre es una justicia irreprochable, seria y eficiente. Y eso lo tuvimos, por lo menos en el nivel de las altas Cortes, pero lo perdimos por el camino. Ahora estamos bajo el imperio de una justicia infiltrada de arriba a abajo por el comunismo o las mafias, una justicia politizada y corrupta. Nadie está a salvo de ella. Cualquier colombiano de bien puede ser objeto, en cualquier momento, de un atropello judicial, si eso le conviene a alguno de los dueños ocultos de la justicia.

En pocos días el presidente Uribe tiene la oportunidad de corregir una parte importante del problema. Es él quien establece la terna para Fiscal General. Necesitamos que esté iluminado. Tiene que nominar en la terna tres ciudadanos de tan intachable conducta, independientes, valientes y hábiles, que cualquiera que escoja la Corte Suprema sea un gran fiscal. Todos los integrantes de la terna tienen que ser excelentes, pues si hay alguno que no lo sea, será seguramente el escogido. Se equivocó con Iguarán. No se puede volver a equivocar.

Necesitamos un Fiscal que empiece a limpiar la cara y el alma de la justicia. Necesitamos volver a creer en ella.