El viejo dicho de que la justicia cojea, pero llega, no lo cumple la Justicia Oficial de Colombia. Lamentablemente lo que si llega es la INJUSTICIA. Aquí se juzga por periódico y sin pruebas. El proceso formal tarda años. Como en todos los ordenamientos legales del mundo civilizado se supone que una persona acusada tiene derecho a ser juzgada una sola vez por un mismo hecho, tiene derecho al debido proceso, y el ente acusador debe ser ágil para que el proceso sea breve. La justicia tardía no es justa, y perdonen la redundancia. Hay otros preceptos universales que una justicia cierta debe cumplir. Uno de ellos es que una persona no puede ser juzgada por un delito que no estaba tipificado en el momento de los hechos bajo examen. Este precepto está establecido desde que se promulgó la declaración de los derechos del hombre por parte de la Asamblea de Francia en 1789, y está consagrado en la legislación colombiana. Aparte de todo esto, en todos los sistemas el testimonio es un medio de prueba fundamental. Por eso en los países serios el falso testimonio tiene castigos muy severos, e inducir el falso testimonio, bien sea por parte del ente acusador o de la defensa, es un delito de extrema gravedad. ¿Rige todo esto en Colombia? Resulta que no. No rige para los militares pero si, por supuesto, para los bandidos.

Para los militares desapareció una protección elemental que existe en todos los países en tiempos de guerra: el juicio por los pares, es decir, la Justicia Penal Militar. El sentido de esta garantía, que existe en la Constitución , pero fue derogada por vía de la interpretación de una Corte “mamertita”, es que el combate es un asunto complejo, que sólo conocen y entienden quienes son profesionales de las armas. Por eso se requiere una justicia especializada. Alguien me explicaba que en Suecia no es así; que allí no existe la JPM. Le recordé que la última guerra en que participaron tropas suecas fue en 1814, contra Napoleón.

Cuando le M-19 atacó el Palacio de Justicia, en 1985, hubo una investigación judicial a muy alto nivel que exoneró a los militares de responsabilidad. Tampoco existía en ese entonces el delito de DESAPARICIÓN FORZADA O FORZOSA. ¿Qué es eso de la desaparición forzada? Es un homicidio que no queda plenamente demostrado porque falta un elemento: el cuerpo de la víctima. Pero ahora, con el “nuevo derecho” que se han inventado las izquierdas del mundo, resulta que este delito se considera más grave que el asesinato. Y además, se han inventado que no solamente no prescribe, como si ocurre con el asesinato, sino que se puede aplicar retroactivamente porque es un delito “continuado”. Desaparecieron, como por arte de magia dos principios: el de la cosa juzgada y el de la exigencia de la pre-existencia de la ley. Pero además, no aplica para los bandidos, porque según los sabios juristas, ellos sólo cometen “delitos comunes”, y la desaparición forzada no es un delito común. ¡Que maravilla! Así, sólo se aplica a los militares, y no hay el rigor de la prueba que existe para el asesinato, que consiste en que debe existir el “cuerpo del delito”. Basta con que “alguien” diga que le parece que vio tal o cual cosa. Eso es lo que está pasando con el caso del Palacio de Justicia. Los testigos, si la cosa no fuera seria, parecen de una película de cantinflas. Todos son, o bien parte interesada, o delincuentes.

Pero un problema de fondo es que es la misma Fiscalía, por razones de sesgo ideológico, la que induce los falsos testimonios. En el proceso por el asesinato de Álvaro Gómez, donde toda la acusación contra unos militares se cayó en el juicio por la obvia mendacidad de los testigos, no se investigó y castigó a uno sólo de ellos. ¿Si los fiscales no indujeron a los testigos, quién lo hizo? ¿Si no fueron los fiscales, porqué no cumplieron con su deber de procesar a los falsarios? No es el único caso. Los hay demasiados.

Hay una segunda justicia. Si uno proclama que es de izquierda, que defiende los “Derechos Humanos”, es periodista de oposición o sindicalista, está por encima de la ley. Ni la Fiscalía ni la Corte quieren saber del caso y los testigos son desestimados automáticamente. Un ejemplo diciente de este contraste se presenta por el contenido de los computadores de Raúl Reyes, que involucran a Carlos Lozano, Piedad Córdoba, Álvaro Leiva, William Parra y otros. Dijo el Fiscal que se iniciaría una investigación preliminar. Luego no pasó nada. ¿La prensa? Muda. ¡Que contraste con el caso del computador de Jorge 40! Ese sí se considera la verdad revelada y manda a la cárcel a media docena. Y si uno es un testigo contra un militar o contra un político que no es de izquierda, no lo matan, como en el caso de los testigos contra Gloria Cuartas. Por el contrario, lo protegen y lo mandan al Canadá con 40 parientes, así haya cometido los más terribles crímenes.