Se vislumbra, es cierto, el final de las FARC como guerrilla marxista con opción de poder. Hasta el mismo Partido Comunista, que creó el monstruo, lo dirigió y lo alentó, parece darse cuenta de eso. Pero también hay signos claros de que veremos, como en otras partes del continente, aumentar la virulencia de una nueva fase del mismo conflicto que enfrenta a la verdadera democracia liberal y al totalitarismo disfrazado de democracia. ¡Que importan las FARC y su incapacidad militar, cuando se tienen la Fiscalía y los jueces para acabar con las Fuerzas Militares y allanar el camino para una dictadura del corte del Socialismo del siglo XXI! Es la Guerra Política, que destruye, además de las Fuerzas Militares, a los partidos para acabar con la confianza de la gente en el sistema político imperante. Por supuesto el proceso tiene también como móvil la venganza contra quienes derrotaron a las FARC, al ELN y al M-19. Y para eso no se necesitan fusiles; se necesitan fiscales sesgados ideológicamente, testigos falsos, y cortes y magistrados, aquí o en el exterior, que le otorguen una falsa legitimidad al proceso de acabar con quienes defendieron la libertad de los colombianos.

El caso del Palacio de Justicia es emblemático de este proceso. Lo que fue un caso juzgado se reabrió. Veintitrés años después, la Fiscalía de Derechos Humanos mete a la cárcel a quien le viene en gana. Si resulta demasiado obvio que un testigo es falso, no hay problema; simplemente se busca otro. Y para buscar testigos basta ir a las cárceles.

¿Puede abrirse nuevamente un caso que ya fue juzgado? En otros países no; en Colombia si. Claro, se parte del “nuevo derecho” que establece que los delitos de “lesa humanidad” nunca prescriben. Resulta sin embargo una pregunta obvia: ¿Si no cabe para este tipo de delitos la amnistía o el indulto, entonces porque no se reabre el proceso contra la cúpula del M-19 que ordenó la toma del Palacio?

Y hay que hacer otras muchas preguntas. Ya han sido descartados varios testigos por ser obviamente falsos. ¿Por qué no se han abierto procesos por perjurio contra ellos? ¿No será que su testimonio fue inducido por la misma Fiscalía? Eso, o una enorme desidia, son la única explicación para este protuberante prevaricato por omisión.

El último acontecimiento en este oprobioso proceso fue la detención del señor General Jesús Armando Arias Cabrales. Esta detención es una bofetada más contra todos quienes portaron y portan el uniforme. El General Arias es un oficial paradigmático en las Fuerzas Militares: respetado por ser prudente, reflexivo y tranquilo. Nunca fue un hombre locuaz. Caballero como pocos, es lo que nuestros abuelos llamaban un hombre de bien. El General Arias comandaba la Brigada 13 cuando el grupo terrorista M-19 se tomó el Palacio de Justicia. Cumplió con su deber al recuperarlo.

Sin que muchos se den cuenta, el proceso iniciado durante el período de Gómez Méndez, la entrega de una parte de la Fiscalía a los enemigos de la democracia, interrumpido por el doctor Luis Camilo Osorio, ha vuelto con fuerza. Aprovechando que no queda nada del Fuero Militar, se ha armado un formidable aparato para atacar a los defensores de la Patria. Acompañan el proceso de destrucción de las Fuerzas Militares poderosas ONG, que se enriquecen con los fallos de las cortes nacionales y aquellos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Este proceso contra las Fuerzas Militares y contra cualquiera que se atraviese en el camino del marxismo, no es único en Colombia. Tampoco lo es la ceguera general frente a los terroristas de corbata. En Argentina hay terroristas, reconocidos en su momento como tales, que han llegado al gabinete, lo mismo que aquí. Otros, amnistiados por crímenes atroces, ahora resultan defensores de los derechos humanos. Ellos si permanecen amparados por los indultos y amnistías establecidos para facilitar el final del conflicto.

Increíblemente, el mismo Presidente y los ministros de defensa, han contribuido a desacreditar a la Justicia Penal Militar y a erosionar aún más el fuero que debe cobijar a quienes asumen el peligroso oficio de defender la patria. Al recomendar el envío de ciertos procesos a la Justicia Ordinaria, con el argumento de garantizar transparencia, están tácitamente diciendo que la JPM no es confiable, y que si lo es la Justicia Ordinaria. Lo que hacen es “echar a los lobos” a los militares acusados, para quedar bien ellos con las ONG y ciertos personajillos de izquierda. Se acaba así la única esperanza que tendrían los militares de lograr un juicio justo, que sería el restablecimiento del principio del juicio por los pares, de aceptación en la mayoría de los países democráticos. En la Justicia Ordinaria es evidente que quien investiga y juzga a los militares es el mismo enemigo que combaten. Y lo hace apelando a toda suerte de artimañas, entre ellas el uso prolífico del falso testimonio.

No estamos en el fin del fin, sino en el comienzo de una guerra peor, porque los militares juraron bandera para enfrentar a un enemigo armado con fusiles, no para defenderse de unos poderosos colectivos de abogados, y de unos fiscales y jueces proclives a la subversión.

Todo esto está pasando con la ayuda, por complicidad o por simple miopía y desidia, de los más poderosos medios de información, del alto gobierno y de una sociedad mal informada e indiferente. Dios salve a Colombia.