Al tomar posesión de su cargo como Comandante General de las Fuerzas Militares, el General Freddy Padilla anunció que estábamos en el fin del fin de la confrontación con los grupos violentos: FARC, ELN y AUC. En ese momento las Fuerzas Militares acumulaban éxitos y los grupos habían perdido casi toda su capacidad de ocupar y dominar territorios, pero aún así, parecía un anuncio prematuro. Hasta ese momento, las FARC, específicamente, habían perdido sólo unos pocos de sus jefes importantes. Hoy, están desmantelados sus frentes más poderosos y han perdido a alias Tiro Fijo, Raúl Reyes, Iván Ríos, Martín Caballero, el Negro Acacio, J.J, y Karina, además de una docena de personajes subalternos, jefes y subjefes de frente, entre ellos Martín Sombra y César. Lo que queda de las FARC son bandas que huyen por entre la selva, desabastecidos de alimentos, medicamentos y municiones. La deserción aumenta entre sus combatientes, y los desmovilizados incluyen cada vez más mandos medios. En la operación Jaque que logró la libertad de 15 secuestrados de los llamados “canjeables” perdieron a Ingrid Betancourt, considerada por ellos la “joya de la corona” y a los tres norteamericanos que mantenían como rehenes. Con todo esto la posición internacional de las FARC es cada vez más precaria, y el contenido de los computadores del abatido jefe guerrillero Raul Reyes tiene a raya a Chávez, a Correa y a otros.

El deterioro de las guerrillas marxistas se ve claramente cuando ciertas ONG y otros “compañeros de viaje” les dan la espalda. Hasta Fidel Castro les dice que deben entregar a los secuestrados. Podría haberlo dicho hace treinta años; que lo diga ahora es diciente. Por su parte, Chávez y Correa les dicen que deben deponer las armas. Puede ser entonces que estemos en el fin del fin, por lo menos de la confrontación armada con los terroristas. ¿Pero es el fin de todo, o sólo de una de las “formas de lucha” que adopta el marxismo?

Es indispensable estar prevenidos: El final de la guerra de las balas no es el final de la ambición del marxismo para llegar al poder. Y en una segunda fase de la lucha, terminada la confrontación armada, veremos un espectáculo terrible e injusto, del cual hemos visto ya, desde hace tiempo, la oscura cara. Con el final de la lucha armada se desatará una Guerra Jurídica sin precedentes contra los miembros de las Fuerzas Militares. Y vendrá el proceso de cambiar la historia; en 20 años las FARC se habrán convertido en la memoria del mundo en un grupo de idealistas, talvez equivocados, pero en todo caso admirables, y los soldados en terribles violadores de los derechos humanos. Lo estamos viendo ya en el caso del Palacio de Justicia. La fiscal del caso no ha levantado un dedo contra quienes se tomaron el Palacio, y la famosa “Comisión de la Verdad” después de dejar constancia en unas breves líneas de la responsabilidad del M-19 por la toma del Palacio, dedica su tiempo a escuchar testigos de los supuestos delitos de los militares en la recuperación del edificio. Ya hay un General, dos Coroneles y otros oficiales presos. Los del M-19, en cambio, ocupan curul en el Congreso, alcaldías, etc. Otro ejemplo es el caso del General Yanine. A pesar de haber sido demostrada hasta la saciedad la inocencia del General Farouk Yanine en la masacre de los 19 “comerciantes”, o mas bien contrabandistas, en el Magdalena Medio, el caso se reabre, por petición de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Según un precepto universal de la justicia, nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito. En Colombia, los militares si pueden ser juzgados, cuantas veces le de la gana a sus enemigos. Acusar y condenar militares, con la usual práctica de aceptar testimonios falsos, será además el mejor negocio de los próximos 20 años. ¿Qué más pueden querer las FARC y quienes los han apoyado hasta hoy? ¡Venganza y plata, mucha plata! Y la enorme mayoría de los colombianos, libres de la amenaza de la guerrilla, pronto olvidaran el sacrificio de los soldados, y observarán indiferentes el espectáculo de la feroz venganza.

Eso ya ocurrió en el sur del continente. No vamos a defender todo lo que hicieron las Fuerzas Militares argentinas para enfrentar la subversión del ERP y los montoneros, pero si recordamos la historia de terrorismo de estos grupos contra la población civil y el clamor general para que la Fuerza Pública enfrentara a los terroristas. Pero la historia, escrita por los mismos subversivos ha sido torcida. Ya nadie se acuerda del terror que sembraron estos grupos marxistas. Se han olvidado los secuestros y las bombas. Los terroristas de antaño, ocupan puestos en el gabinete de los Kirchner. Los subversivos fueron amnistiados, pero la ley de punto final fue derogada para los militares y hoy hay batallones completos a quienes juzgan fiscales y jueces proclives a los terroristas.

Las bases para todo eso en Colombia están sentadas. Ya la izquierda y las ONG han practicado muchas veces lo que tienen que hacer. Las cárceles están colmadas de militares, acusados por fiscales ideológicamente cercanos a la guerrilla, utilizando falsos testigos, y juzgados por jueces que no tienen idea de lo que son las condiciones en el campo de batalla.

La Corte Constitucional, sin encontrar mayor resistencia, ha ido, paso a paso, reduciendo la Justicia Penal Militar a la irrelevancia. Queda sólo para el delito del centinela, el de irrespeto al superior y al subalterno, y cosas por el estilo. El concepto fundamental del “juicio de los pares”, aceptado en los países más avanzados, ha quedado relegado. El militar enfrenta generalmente a un fiscal que acepta sin escrúpulo a cualquier testigo, y a un juez, que si no es proclive a la subversión, ignora lo que es el combate, que se caracteriza por las decisiones que hay que tomar en fracciones de segundo y la dificultad en identificar al enemigo. Ni unos ni otros, por supuesto, reconocen el sacrificio del soldado.

El Presidente ha anunciado que se establecerá una defensoría militar, y cursa en el Congreso un proyecto de ley la crea, para que el soldado no tenga que pagar el costo de una defensa que no puede cubrir. Hoy existe una defensoría pagada por los mismos soldados. Aunque tardía, la propuesta del Presidente es un bonito gesto, pero nada más. Para empezar, uno de sus artículos establece que sólo defenderá a los militares ante la Justicia Penal Militar, y esta se acabó para todo efecto práctico. Con la disculpa de que cualquier muerte o lesión, causada por un militar o por su omisión, es una violación de los derechos humanos, todo proceso de importancia va a dar a la justicia ordinaria, una justicia administrada o influida por la misma subversión. Pero no contenta con eso la Corte Constitucional ha ido más allá. Ahora ha establecido que todo lo que tenga que ver con el Derecho Internacional Humanitario debe ir a la Justicia Ordinaria. Resulta que el Derecho Internacional Humanitario es precisamente el derecho de la Guerra, y para aplicarlo hay que considerar el ambiente y las circunstancias de la guerra. ¿Es idónea la Justicia Ordinaria para acusar y juzgar en este ámbito? La respuesta es absolutamente negativa.

La táctica usual de la Guerra Jurídica es el uso de testigos falsos. De ellos está plagado el caso que se lleva del Palacio de Justicia. Pero un caso muy claro, porque ya cumplió todas sus etapas, es el del asesinato de Álvaro Gómez. Cualquier observador despierto, al leer ese expediente, concluye que las mismas personas que lo asesinaron, se ocuparon de que resultaran acusados unos militares. Luego de cinco años de investigación, como cosa rara, la juez de la causa resultó ser una persona correcta e idónea. Ya en la audiencia, el caso quedó pronto desbaratado. Todos los testigos aportados por la fiscalía, sin excepción, eran falsos. Los militares, inocentes, fueron finalmente absueltos. Pero sus carreras habían terminado. En un sistema judicial correcto, se habría iniciado enseguida un proceso contra los testigos falsos y contra quienes los indujeron a mentir. Nada de eso paso.

Esta es apenas una muestra de lo que le espera a quienes han preservado nuestra libertad arriesgando la vida día a día. Hay tantos ejemplos que tardaríamos días en contarlos. Y lo que ya hemos visto no es nada comparado con lo que vendrá si no se toman medidas drásticas desde este momento de la vida nacional.

El gobierno y el Congreso tienen el deber moral de lograr un cambio radical para revertir el daño que se ha hecho a través de los años por la Corte Constitucional, por gobiernos débiles y por congresos poco concientes. Es indispensable volver a la Justicia Penal Militar plena, al juicio por los pares, únicos capaces de entender y evaluar las circunstancias de la guerra. Si se requiere un acto legislativo, no hay tiempo que perder para iniciar su trámite. La ciudadanía en pie debe exigirlo. No sirven pañitos de agua tibia ni reconvenciones a la Fiscalía para que sea cuidadosa. ¿Van acaso a desaparecer quienes se lucran de los fallos contra los militares? ¿De pronto van a desaparecer los testigos falsos o los fiscales proclives a la subversión? No se puede ser tan cándidos, señor Presidente y señores congresistas. Ahora que el Presidente mismo ha sido objeto de intentos por enredarlo con esas mismas tácticas sucias que sufren los militares, y que los parlamentarios están viviendo en carne propia lo que es una justicia politizada y torcida, es hora de despertar, y asegurar que aquellos que lo arriesgaron todo por sus compatriotas no sean sacrificados injustamente en la Fiscalía y en las Cortes. Justicia, justicia de verdad, recta, idónea e imparcial es lo menos que merecen quienes defendieron la democracia y la libertad.

 

Para la época de los hechos el General no era el comandante de la BR-14, en cuya jurisdicción ocurrieron los hechos. Cuando los falsos testigos lo ubican en el Magdalena Medio, el General se encontraba en Bogotá, como Director de la Escuela Militar.