Si el desastroso curso de derrotas llegara a convencer a 'Alfonso Cano' y a su disminuido secretariado de que su absurda lucha está perdida, como se analiza en las dos últimas Clepsidras, y en un gesto de grandeza decidieran poner fin a un empeño que perdió el rumbo disolviendo en el narcotráfico y el terrorismo agónico su ideal revolucionario, una salida decorosa que salvaría muchas vidas colombianas y recursos ingentes, podría seguir la siguiente línea medular de etapas y fases:

I. 1. Poner en libertad, sin dilaciones ni subterfugios, a todas las personas retenidas contra su voluntad por Farc y su nuevo aliado, Eln.

2. Para facilitar la liberación, las fuerzas enfrentadas suspenden todo tipo de hostilidades, permaneciendo en sus posiciones actuales.

3. El Gobierno Nacional, con el acompañamiento del Comité Internacional de la Cruz Roja y la Cruz Roja Colombiana, prepara en áreas establecidas por mutuo acuerdo puestos de recepción para atender las necesidades inmediatas de los liberados. De allí serán trasladados a bases militares dispuestas para el efecto. En ellas recibirán atención médica especializada y se encontrarán con sus familiares.

II. 4. Las organizaciones en armas fuera de la ley proceden en seguida a desmovilizarse, para lo cual se fijan áreas geográficas despobladas y de ubicación conveniente, que faciliten la logística del proceso. Se establecen cronogramas que consulten condiciones topográficas, distancias y tiempos de concentración de las agrupaciones dispersas.

5. En dichas áreas se efectúa la dejación de las armas por las Farc y el Eln. Las no utilizables para la defensa nacional se fundirán para la construcción de un monumento a la paz y la libertad, que será erigido en un terreno vecino al Puente de Boyacá, escenario de la batalla que dio independencia a la nación colombiana, para perpetuar la voluntad de paz, armonía y fraternidad de los herederos de quienes nos hicieron libres.

6. Las Fuerzas Armadas de la nación comprometen su dignidad y su honor como garantes del desarrollo pacífico y seguro del proceso descrito.

III 7. El Estado hará los necesarios ajustes a la ley de Justicia y Paz, así como a las disposiciones vigentes sobre la materia, con el fin de garantizar la reinserción de los desmovilizados, en tal forma que los combatientes rasos, inducidos a la rebelión por razones insuperables, sean exonerados de responsabilidad penal, siempre que no hayan participado voluntariamente en delitos de lesa humanidad, y para los jefes exista un comprensivo equilibrio entre justicia y paz.

8. Un Comité presidido por el Vicepresidente, compuesto por tres connotados dirigentes del sector privado y el mismo número de miembros de los grupos en armas, atenderá quejas y resolverá discrepancias surgidas del proceso. Se podrán integrar subcomités ad-hoc para asuntos que requieran coordinación entre agencias del Estado o eventuales participantes nacionales o extranjeros.

9. La financiación del proceso se hará con cargo al impuesto sobre el patrimonio ordenado por ley para apoyo del gasto militar en el conflicto, aplicable en este caso a la solución del mismo.

10. El pie de fuerza militar se mantendrá en su nivel actual durante el proceso, dadas las tareas y responsabilidades que cumplirá la Fuerza Pública en el retorno a la normalidad y descenderá gradualmente en la medida en que otros agentes de violencia vayan siendo sometidos a la ley, y la reconstrucción física de regiones azotadas por el conflicto haya avanzado satisfactoriamente con participación de las Fuerzas Militares.

11. Los desmovilizados se emplearán inicialmente en el desminado de áreas y vías de comunicación, así como erradicación manual de cultivos ilícitos. Se desarrollarán programas de asentamiento en proyectos agrarios. Para los de origen urbano se diseñarán otros de capacitación y empleo citadinos.