Hasta la saciedad, el general Jaime Uscátegui Ramírez ha demostrado con pruebas y argumentos jurídicos irrefutables, su absoluta inocencia en la horrenda masacre perpetrada por terroristas de las AUC en Mapiripán-Meta en julio de 1997.

         La razón es simple y llana:  Por disposición emanada del Comando del Ejército, las tropas del batallón Joaquín París con jurisdicción operacional  sobre ese municipio, habían sido segregadas de la Séptima Brigada comandada en ese entonces por Uscátegui, y agregadas operacionalmente bajo comando y control de la Brigada Móvil 2, cuyo puesto de mando estaba en San José del Guaviare.

         La relación de la Séptima Brigada con el batallón Joaquín París era administrativa, es decir tenía que ver con la supervisión del manejo del bienestar de personal y los abastecimientos. Esto implicaba, que los asuntos de inteligencia militar, contrainteligencia, operaciones contra grupos terroristas, seguridad en general y acción sicológica, dependían de la unidad operativa a la cual estaba agregado el batallón París.

          No obstante la realidad refrendada con pruebas contundentes, sin que haya claridad meridiana como debiera ser, pervive una preocupante inclinación y una obsecuente tendencia de algunos de los miembros de la justicia colombiana, por condenar al general Uscátegui Ramírez, y de paso, enlodar aún mas, la mancillada honra de uno de los más brillantes soldados y uno de los mas honorables oficiales que haya tenido el Ejército Nacional durante el último siglo.

          Condenado en primera instancia a cuarenta meses de prisión por un no muy sustanciado Consejo de Guerra, Uscátegui purgó la injusta pena. Pero a partir de ese momento comenzó a transitar un tortuoso camino de padecimientos e incriminaciones con deshonras públicas y privadas.

          Y por ende, a soportar el peso de la carga de un mal que ni originó, ni del que tampoco hizo parte, dada  la forma como quienes andaban de la mano con los mal llamados paramilitares, planearon, ejecutaron y luego eludieron responsabilidades en torno a la masacre de Mapiripán.

          Reabierto el proceso penal, Uscátegui fue llevado a Villavicencio y luego a Bogotá. Pese a estar injustamente privado de la libertad, visto como un delincuente y vilipendiado por agentes la izquierda pro terrorista interesados en poner a un general de la república en la picota pública, con la disciplina del buen soldado, con la frente en alto, con hidalguía, con seriedad y sobre todo con mucha claridad, el general Uscátegui se defendió cuál guerrero épico que lucha hasta el final.

           Con pruebas fehacientes, Uscátegui logró que el juez de primera instancia lo exonerara de toda responsabilidad, mientras que condenaba a otro oficial y a un miembro de las AUC, por los hechos materia de investigación, sin que como es posible inferir, la decisión judicial tocara a los verdaderos responsables de la oscura asociación para delinquir.

          Como es natural, el proceso pasó a segunda instancia y allí renació el calvario judicial para el general Uscátegui.    

            Un magistrado del Tribunal Superior de Bogotá, rechazó el fallo del Juez de Primera Instancia, condenó a Uscátegui a cuarenta años de prisión, ratificó la misma  condena contra el teniente coronel Hernán Orozco comandante encargado para esa época del batallón París, pro quien lo creyera, exoneraó al miembro de las AUC que perpetró la masacre. Increíble pero cierto... Así funciona la justicia en Colombia.

             En apariencia la sustanciación de la sentencia del Tribunal Superior de Bogotá es impecable y concreta. Pero al leerla e ir a las fuentes que el honorable  magistrado cita para justificar su decisión, no hay necesidad de ser abogado o letrado en leyes, para notar que hay claras violaciones por error a la ley penal, aunque con la connatural malicia colombiana, se pudiera sospechar  intencionalidad. Claro, eso está para que los expertos lo califiquen.

            Lo cierto es que dentro del acervo probatorio con que se condena al general Uscátegui, la providencia asegura que en su condición de Comandante de la Séptima Brigada, Uscátegui si sabía de la probabilidad que ocurriera una masacre paramilitar en Mapiripán, porque en un documento enviadoa la Séptima Brigada desde el Ministerio de Defensa, por los conductos regulares se le pedía que esclareciera hechos relacionados con un "juicio popular" hecho por delincuentes a las autoridades municipales de Mapiripán.
         De manera inexplicable la sentencia condenatoria utiliza este argumento sin profundizar en el expediente, que este hecho, por el cual como era apenas lógico, la Séptima Brigada requirió respuesta escrita al batallón París, correspondía a un acto delictivo perpetrado por las Farc en mayo de 1997 y no por la masacre cometida por las AUC en julio del mismo año.

         En segunda medida, aunque Uscátegui refrendó y confirmó que el batallón París no estaba bajo su mando, pudieron mas la intriga y sesgo antimilitar característico del colectivo de abogados "José Alvear Restrepo",  por extraña coincidencia, convertido  en representante de la parte civil afectada, como suele ocurrir con otros casos contra miembros de la Fuerza Pública.

        De remate se asegura que el general Uscátegui estuvo el 21 de julio de 1997 en Mapiripán para asumir el mando de las operaciones para la búsqueda de los sicarios. Al revisar el expediente queda claro que quien estuvo allí fue el general Agustín Ardila, Comandante de la Cuarta División.

         Pese a esas pruebas por cuestionable error, el magistrado fallador, resarció que las tropas del batallón Joaquín París si estaban bajo el mando de la Séptima Brigada. Como lo repitió el general Uscátegui en todos los estrados jurídicos antes de ser condenado:  Se requiere un chivo expiatorio. Es la única explicación valedera para que con el fin de responsabilizar a alguien asi sea  inocente, un juez de la república en cualquier instancia desconozca una prueba tan categórica.  Y a eso se agrega la intención política de izquierda del mencionado colectivo de abogados que además de buscar  la jugosa danza de millones de pesos que llegará a sus bolsillos,  y quién sabe si a financiar los intereses de la guerra jurídica, política y sicológica de los "simpatizantes" de la subversión en Colombia. Ni más ni menos.

        De manera curiosa, ninguno de los jueces de instrucción, ni los fiscales acusadores, ni el propio Ministerio Público durante todo el tortuoso proceso en mención,  concretaron investigaciones contra las autoridades legitimas en todas las tres ramas del poder público de los municipios, de donde salieron los asesinos, ni de Mapiripán.

       Tampoco se ve ninguna intención de los sustanciadores del proceso por ir más allá en búsqueda de autores intelectuales o cómplices con serios indicios de responsabilidad en la investigación. Todo se queda en que el general Uscátegui es el responsable de que los mal llamados paramilitares perpetraran ese abominable hecho. ¿A quién le conviene que este fallo judicial?.....

       Mientras tanto el general Uscátegui continúa detenido. El proceso pasará a manos de las Altas Cortes para que surta el recurso de Casación. Se espera que los magistrados de la mayor investidura hagan honor a su nombre y fallen en derecho, luego de una revisión ética y profesional al expediente y a los argumentos de la defensa del general Uscátegui.

Coronel Luis Alberto Villamarín Pulido
Analista de asuntos estratégicos
www.luisvillamarin.com