No entro a discutir las pruebas que obran o no, contra los militares acusados de un paquete propagandístico denominado en los medios “ Falsos positivos de los niños de Soacha”. Ni entro a discutir si todos eran tan niños, como los que en más del 50% conforman las filas criminales de las guerrillas; ni entro al debate de la calidad de algún supuesto testigo, ni el valor probatorio del testimonio a la luz de la de la sana critica y mucho menos voy a entrar a explicar qué son las milicias o las bandas que delinquen en las comunas de las diferentes ciudades de nuestro país y porque delinquen entre sus barriadas, de civil y con armas cortas. No, nada de esto entro a discutir. Quiero simplemente hacer la defensa de los derechos de los soldados de Colombia. Nada más y nada menos. Y que salgan al debate público quienes se crean con el tirano poder a desconocérselos a los soldados, en vulgar discriminación ideológica.

Peligrosamente se está sentando el principio de que a los sindicados militares no se les debe garantizar el debido proceso, ni los beneficios otorgados en los códigos, para todos los sindicados, vulnerando de paso, la igualdad ante la ley, discriminándolos para aplicar la ley y violándoles sus garantías judiciales reconocidas en todos los tratados internacionales de ddhh. Esto sí atenta contra los ddhh y las garantías judiciales, que se deben respetar a cualquier procesado, civil o militar, guerrillero o militar, narcotraficante o militar, sin distinción.

Todo comenzó con el desconocimiento del fuero militar como derecho a que los militares sean investigados y juzgados por sus pares, como en todos los países del planeta. Luego se siguió, no solo con el desconocimiento del fuero, sino que fueron entregados para que les investigaran y juzgaran civiles a quienes nunca se les ha hecho investigación de sus afinidades y militancias políticas, en medio de una guerra irregular comunista ( Siglo XXI), en donde no solo es bien difícil, sino imposible, distinguir un civil de un terroristas, que tiene como filosofía la combinación de todas las formas de lucha, legal e ilegal y más cuando en Colombia se cuenta con un sindicato judicial – ASONAL-, que ha sido dirigido por militantes del partido comunista –PCC- y la unión patriótica –UP-, quienes han sido señalados, con pruebas, de haber sido creadores de las guerrillas, los primeros y de haber sido creados por las guerrillas, los segundos, violándose el principio de derechos humanos, que obliga a la independencia e imparcialidad del juez o instructor.

Para no recordar que hubo un fiscal general( 1997-2001), que había llegado al congreso con apoyos políticos y votos del partido creado por las FARC en la Uribe, la U.P. y no se produjeron impedimentos jurídicos o al menos éticos, para abrir investigaciones judiciales contra los militares, enemigos naturales, institucionales y constitucionales, de sus aliados políticos.

Pero ahí tampoco paró la cosa. Continuaron procesando a militares en evidente vulneración de antiquísimos principios internacionales y de los derechos humanos, que ordenan no aplicar al sindicado, leyes o delitos que
para la época de los hechos no existían. En abierta vulneración al principio de legalidad, "Nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege” militares, retroactivamente, las nuevas disposiciones nacionales e internacionales y de paso les impusieron, sin tratado firmado, la imprescriptibilidad de los procesos y las penas. De manera que por alquimia leguleya, y frente a la prescripción y juzgamiento ya ocurridos, convirtieron los cargos, para los militares que recuperaron el palacio de justicia, en desaparición forzada, tipificada con posterioridad a aquellos, mientras dejaron intactos los impunes beneficios y las amnistías, con que premiaron a los autores del asalto narcomamerto (disculpas por el pleonasmo) al Palacio. Así construyeron el proceso del palacio de justicia, que tiene en la cárcel a connotados oficiales del ejército nacional, en abierta vulneración de todo lo jurídico, de todo lo que denominan “garantías judiciales reconocidas por los pueblos civilizados”como eufemísticamente les dicen, cuando las aplican en beneficio de las izquierdas y sus crímenes. En seguida arremetieron contra el derecho militar a ser recluido en sus propias unidades militares o cárceles especiales para militares, como lo ordena la ley y se han dedicado a poner a los militares, en manos de bandidos, en cárceles comunes, como sanción por reclamar sus derechos.

Ahí tampoco para la cosa. Por el contrario, continuó el ataque atentando contra el fuero constitucional que tienen los oficiales de alta graduación, para que la investigación, que ya no les hace su justicia penal militar, sino los civiles, sea hecha por el mismo fiscal general de la nación, como lo ordena la carta constitucional, buscando otorgar de hecho, esta facultad excluyente y constitucional, en manos de cualquier fiscal distinto al fiscal general, como ordena la Carta.

Sin embargo, no paró la cosa. Ahora, como no tienen más fueros que desconocer, ni violar a los militares, les pretenden desconocer completamente el debido proceso y las garantías judiciales reconocidas en los tratados internacionales, se les pretende desconocer los derechos procesales que tienen cuando al estar presos, que no condenados, trasciende el tiempo establecido en el código de procedimiento penal para que se les formule acusación ante el juez y que por lo tanto concede el beneficio de extramuros para los investigados en estas condiciones. Este derecho procesal es para todos los investigados en Colombia y ha aplicado en innumerables oportunidades, unas a favor de guerrilleros terroristas y de narcos, contra quienes los fariseos desvergonzados de ahora, nunca se pronunciaron, pero que asombrosamente y con inaudita desfachatez, ansían desconocer solamente para los soldados colombianos, llevándose por delante, principios rectores de una democracia, como la igualdad ante la ley y el respeto a las formas propias de los juicios establecidas en los códigos llevados a leyes de la república y que son erga hommes. Ahora pretenden que los soldados de Colombia no tengan derecho a libertades acreditadas en los códigos, proyectan que la sola denuncia, en la mayoría de los casos interesada y política, cuando no el simple dicho de la Parte civil, sea plena prueba para producir inmediatamente su condena, sin derecho a la defensa, ni a contradecir la prueba, ni a conocer la prueba que obre en su contra, ni aportar pruebas en su favor, ni alegar términos consagrados en los códigos. Nada de nada. Esto es más grave de lo que muchos creen. Los militares deberían poner sus barbas a remojar, todos, sin excepción, así algunos despistados imaginen que nunca los va a enjuiciar esta maquinaria revolucionaria mamerta. Y esto va también para la policía, a quienes no se les debe olvidar que siguen ellos, así no lo crean.

Burócratas de todos los tamaños y cargos, han rasgado sus vestiduras, clamando castigo ejemplar para los soldados excarcelados. Qué cobardes y qué felones. De estos ninguno se pronunció públicamente cuando en el Caguan, el Estado en pleno, suspendió la vigencia de los ddhh para 120.000 colombianos de los 5 municipios entregados a las FARC, durante 3 largos años. Eso de tener indefinidamente en la cárcel a los soldados colombianos, así sean inocentes, les importa poco a ciertos personajes nuestros que se autoproclaman defensores de los derechos y las garantías constitucionales y los derechos humanos. De las exclamaciones de las ong`s, que se dicen defensoras de ddhh, con clara militancia comunista, nada que decir, porque de esos grupos políticos, todo está dicho, por muchos reinsertados de las FARC y denuncias penales y públicas de comunidades afrodescendientes del Atrato, que luego les asesinan sus líderes, a quienes les desconocieron, nacional e internacionalmente, su derecho a la vida e integridad personal. Esas ong`s en donde se encuentran individuos que promovieron la suspensión de los derechos humanos en la llamada zona del despeje en el Caguan, son los mismos que reclaman del gobierno la liberación de cientos de guerrilleros terroristas, a cambio de unos pocos secuestrados, porque descaradamente guardan silencio con los cientos de secuestrados que no van en la lista de las FARC, son los mismos que demandan una “salida negociada” de manera que se les acepte a las guerrillas comunistas sus exigencias y su acceso al poder, a cambio de dejar de asesinar a los colombianos.

Como están las cosas, para mí queda claro, que si esto de los derechos humanos no se aplica sin discriminación de ninguna índole y no se les respetan a los soldados, se hace evidente que es una farsa estratégica de la izquierda criminal, para imponer sus intereses en esta guerra política y propagandística que lideran en perfecta combinación de todas las formas de lucha, haciendo gala de una impresionante infiltración o participación de muchos idiotas útiles, en la judicatura y los medios de comunicación.

Mientras esto no se aclare, o mejor no se garantice por igual para todos, sin lavarse sus culpas y omisiones con estos humildes colombianos, a quienes, no tan disimuladamente, odian ideológicamente, permítanme recordarles, que la Constitución Nacional ordena respetarles a los soldados de Colombia, los derechos fundamentales, como el debido proceso, la presunción de inocencia, el respeto a su dignidad y el derecho al buen nombre.