Para los que vivimos de cerca uno de los momentos mas aciagos en la historia de nuestra democracia, como lo fue el ataque terrorista al Palacio de Justicia, no es comprensible como los responsables de esa atrocidad se han valido del tiempo, y con él del olvido, para librar su responsabilidad y trasladarla a quienes menos la deben asumir, nuestras Fuerzas Militares.

Este penoso hecho aconteció el miércoles 6 de noviembre de 1985, después de ser promulgada la ley de amnistía en noviembre de 1982 con la que se concedió libertad a 1680 guerrilleros, luego de ser aprobada la ley de indulto de junio de 1985,  y con posterioridad  a los acuerdos de cese al fuego suscritos entre el gobierno y el M-19, las FARC y el EPL.   Varias decenas de terroristas instruidos en el exterior ingresaron al Palacio de Justicia al mando de Andrés Almarales, guerrillero indultado por el presidente Betancur y representante del M-19 en el pacto de tregua y alto al fuego. Este acto extremista efectuado por el movimiento 19 de Abril y financiado por los narcotraficantes tenía, entre otros propósitos, incendiar los archivos en donde estaban los expedientes de los procesos judiciales encaminados a extraditar a los Estados Unidos a los mas grandes capos del narcotráfico. En ese dramático instante el país político se acordó de las Fuerzas Militares, rezagadas a un segundo plano desde que comenzó el gobierno del “cambio con equidad”, ignoradas pese a las denuncias sobre las verdaderas intenciones de los terroristas, y olvidadas en sus requerimientos de profesionalización para enfrentar al terrorismo y al narcotráfico. Para mediados del año 85, ya los terroristas habían creado la Coordinadora Nacional Guerrillera y en ese instante consumaban un matrimonio maldito con el narcotráfico. Así las cosas, el Ejército debió salir a responder el cobarde ataque en el que murieron a manos de los criminales bandidos, algunos de sus rehenes, quienes habían desestimado las amenazas de muerte.  

Desde ese momento, se ha señalado con insistencia la responsabilidad del estamento Militar en la desaparición y tortura de varias personas que se encontraban dentro del sitio de los acontecimientos, aun cuando una comisión judicial de alto nivel desestimó las acusaciones. Sin embargo, no se ha cuestionado, como corresponde, el compromiso del Presidente de ese entonces, Belisario Betancur. A juicio de unos, fue simplemente un espectador más, y a juicio de otros, la operación de recuperación se efectuó sin su consentimiento. Pareciera que protegiéndolo a él se protegiera también el sequito de personajes que, tras bambalinas, fueron coprotagonistas de las decisiones.   Lo cierto del caso es que el mismo ex presidente ha admitido con entereza su responsabilidad, agregando que tomó las decisiones e impartió las órdenes respectivas.  Se requirió  entonces de un excepcional manejo político para aliviar la carga de responsabilidad del primer mandatario. Para fortuna de unos y otros, a la semana siguiente se presentó la catástrofe de Armero con la que se demostró que un horror tapa un error.
Pero era inevitable que se llegara  el tiempo de la reflexión, y cuando el país se dio cuenta de la atrocidad que había perpetrado el M 19,  ya se tenía el chivo expiatorio perfecto para librar las culpas y… ¿quien mejor que el encargado de realizar la retoma del Palacio de Justicia? ¿Y llegado el caso… por que no sus superiores? Así, políticos y bandidos han manipulado con habilidad el accionar de la Justicia durante casi un cuarto de siglo y hoy se unen para ratificar sus disculpas y lavar sus culpas azuzando para que la justicia recaiga sobre los más débiles: los militares que cumplieron con su deber y liberaron el Palacio de Justicia.