Desde uno de sus antros, quizás en Europa, las Farc han lanzado una
horrible risotada. El brutal traslado a la Picota del coronel Plazas Vega,
la resistencia altiva que él presentó contra ese acto bárbaro,
desató la hilaridad de los terroristas. El plumífero anónimo
de las Farc se felicita: “Plazas Vega duerme en una celda de la Picota.
Con todas las argucias posibles, el ex coronel intento poner trabas al proceso
que se le sigue”.
El cobarde artículo, difundido por Anncol el 22 de agosto pasado,
saborea con delectación el calvario que vive el coronel. Ese texto,
a pesar del mal que encarna, puede ser útil. El confirma dos veces
una sospecha que muchos colombianos tienen: lo que le ocurre al héroe
de la contra-toma del Palacio de Justicia, no es más que una vil emboscada
que le han tendido los narco-subversivos. En efecto, el artículo de
Anncol emplea la palabra “emboscada”. La frase es ésta:
“Plazas Vega no ha tenido nunca dignidad, ni la tiene ahora para aceptar
que está en la última emboscada de su vida”.
Esa frase insultante, es sobre todo una revelación. Mejor, es una
confesión de parte. En otras palabras, el falso proceso que contra
él han montado los leguleyos del Colectivo de abogados Alvear Restrepo,
no es más, según Anncol, sino una “emboscada”. Una
“emboscada” de las Farc. Por eso el artículo, escrito con
gran precisión, habla del “proceso que se le sigue”. No
del proceso que otros le siguen. Es evidente: el pronombre reflexivo de primera
persona “se” designa a las Farc como actor detrás de las
acusaciones infundadas.
Anncol agrega algo que tampoco puede ser pasado por alto: dice que esa “emboscada”
será “la última”. Allí hay, sobre todo, una
amenaza clara contra la vida del coronel Plaza Vega.
¿Qué pensará de esa declaración de las Farc la
juez tercera penal especializada María Stella Jara que ordenó
el brutal e ilegal traslado del coronel a la cárcel de la Picota violando
el fuero de los militares? ¿Cómo diablos puede seguir pensando
ella que el coronel Plazas Vega no corre ningún peligro en la Picota?
¿Cómo puede ella seguir dándole crédito a los
falsos testimonios que los autores de la emboscada jurídica contra
el coronel Plazas han introducido en el expediente?
El artículo de Anncol tiene errores de sintaxis y de ortografía
(quizás la pluma es extranjera). No obstante, ideológicamente
es hábil y pérfido. Su objetivo es sembrar la sospecha, la insidia,
el odio, entre “los militares” y la llamada “oligarquía”,
entre el Ejército y “el sistema oligárquico”, entre
Colombia y los Estados Unidos. Vea cómo lo dice: “la oligarquía
e instituciones que (el coronel Plazas Vega) defendió con ahincó
(sic) (…) ya ni se acuerdan de él”. “La oligarquía
que defendió lo ve como siempre han (sic) sido visto (sic) a los militares;
herramientas baratas, ordinarios (sic) e indignos (sic) de la clase oligárquica”.
Las Farc, a pesar de su derrumbe, no olvidan las viejas recetas leninistas
para tratar de dividir a sus enemigos, para vencerlos más fácilmente.
Lo que vive el coronel Plazas Vega y su familia no es un proceso legal.
Es el más grande escándalo actual de la justicia colombiana.
No es una instrucción penal. Es una farsa. Esa una operación
de destrucción de un símbolo militar. Esa comedia monstruosa
debe cesar cuanto antes. Ese proceso debe ser anulado.
Ese escándalo continuó su marcha y agravó los ultrajes
contra la justicia universal pues todos habíamos callado. Los altos
mandos, el gobierno, la prensa, los grupos de derechos humanos y la sociedad
civil. Ninguno estuvo jamás a la altura de lo que ocurría. Los
violentos lograron vender su historia y confundirnos a todos. ¿Qué
medio importante se atrevió a investigar realmente ese asunto? Ninguno.
La prensa está llena de pequeñas notas fácticas que retoman
generalmente la versión de la juez Jara. Eso es todo. Los análisis
de fondo, que sí existen, son publicados en revistas confidenciales.
¿Por qué ningún medio hasta el momento de redactar esta
nota ha querido entrevistar a la esposa del coronel Plazas, único testigo
presencial del asalto de los agentes del Inpec contra el Hospital Militar?
El presidente Álvaro Uribe, tras el nombramiento del doctor Gabriel
Silva Luján como ministro de Defensa, recordó la importancia
de fortalecer el sistema de defensa judicial de los militares y policías
que se vean involucrados en procesos por presuntas violaciones de los derechos
humanos. “Eso de acusar a la fuerza pública y no probar los hechos,
es una falsa acusación que busca hacer un daño a la fuerza pública,
quien es finalmente responsable de la política de seguridad democrática”,
enfatizó el jefe de Estado.
¿Qué espera el Gobierno para aplicar la recomendación
del Presidente al caso del general Plazas, donde se da, a la perfección,
eso de acusar y no presentar pruebas? ¿El ministro Gabriel Silva dirá
por fin al país que no es cierto lo que dicen las Farc y que su ministerio
no abandonará al coronel Plazas a su suerte?
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