Confieso que no salgo de mi asombro. Pero hay que decirlo de frente y sin tapujos: las últimas decisiones de la Corte Suprema de Justicia amenazan la figura de la extradición y significan un retroceso peligroso y alarmante en la lucha contra la criminalidad.

En sendas decisiones de las últimas semanas, la Sala Penal de la Corte ha negado dos extradiciones: la de un guerrillero sindicado del secuestro de un norteamericano, con el argumento de que el delito se había cometido en Colombia; y la de un narcotraficante, porque había sido objeto de una condena en nuestro país. En ambos casos la Corte ha cambiado su jurisprudencia de manera radical.

Con la primera decisión, la Sala restringe los escenarios de la extradición al de la ocurrencia del delito en otro país. Olvida entonces que la nacionalidad de la víctima y la del victimario también justifica la figura. De manera que la extradición opera, aunque el crimen haya sucedido sólo en Colombia, cuando el presunto delincuente es extranjero o cuando la víctima del delito, como en el caso del secuestro referido, lo es.

Con la segunda, la Corte abre la puerta para que los criminales busquen condenas en Colombia para evadir la extradición. No sobra recordar que con esta decisión la Sala vuelve a la época nefasta en la que se negó la extradición de narcos porque se les abrían procesos por los mismos delitos en nuestro país.

Con sus decisiones, y por mucho que se alegue que la “jurisprudencia es cambiante” y el “derecho es dinámico”, los magistrados actuales cometen una afrenta a sus colegas del pasado. La Corte fue, a costa de la vida y sangre de muchos de sus miembros, defensora de la extradición como mecanismo irremplazable para la cooperación judicial internacional y para el combate de la delincuencia organizada

En defensa de la extradición murió Hernando Baquero Borda y por ella fueron asesinados los magistrados de las salas constitucional y penal en la toma del Palacio de Justicia. De la alianza de la mafia y el M19 da fe la comisión de notables que tenía entre sus miembros a prestigiosos ex presidentes del Alto Tribunal. Con las decisiones recientes, la Corte no honra a los valientes de entonces, sino que sigue la línea cobarde de Jairo Duque Pérez, el ponente de la sentencia que, con argumentos falaces, tumbo la ley aprobatoria del tratado de extradición de 1979 con los Estados Unidos.

Y que no nos vengan ahora con el pretexto de la defensa de la autonomía e independencia de la rama judicial y el respeto de sus decisiones. Aquí hemos condenado sin ambages las intervenciones y seguimientos no autorizados a los jueces y pedido la protección de los magistrados y sus familias. Y hemos dicho que las sentencias hay que cumplirlas, aunque no se compartan.

Pero con decisiones como éstas la Corte nos deja sin argumentos a sus defensores. Ya no es sólo la francachela con mafiosos y narcos en sus restaurantes, o el aceptar relojes costosísimos como regalos, o del cruce de favores burocráticos en la rama judicial, o el atravesarse con decisiones cuestionables, más políticas que jurídicas, a la desmovilización de las bases paramilitares (hoy en el limbo por cuenta de una sentencia traída de los pelos), o la forma poco pulcra y en ocasiones violatoria del derecho a la defensa y el debido proceso en que se tramitan algunos casos de vínculos entre políticos y grupos armados ilegales.

El respeto, señores magistrados, más allá del cargo, se gana y se honra. Con estas decisiones ustedes pisotean la dignidad de la justicia.